NARCOPOLÍTICA ¿QUIÉN LA PARA?

Las ultimas semanas se ha revelado un profundo y sólido matrimonio entre la corrupción y la política. De veinticinco gobiernos regionales, por lo menos 19 están con demandas judiciales por corrupción y algunos, como en el caso de Ayacucho, acumulan cientos de procesos abiertos. Sin embargo hay otra relación aún más fuerte, peligrosa y poderosa que la corrupción: el narcotráfico.

 

Jaime Antezana, especialista en narcoterrorismo, reveló esta semana (http://bit.ly/1wJ1Pl9 ) que existen por lo menos 40 ‘narcocandidaturas’ en 15 regiones y que “no solo hay ‘narcocandidaturas’ a las municipalidades distritales y provinciales, sino también a la presidencia de varios gobiernos regionales”. Según su investigación, habrá candidatos relacionados al narcotráfico que postularán a la presidencia de por lo menos diez gobiernos regionales. Allí están Ucayali, Huánuco, Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Ica, La Libertad y Lambayeque. No son candidaturas financiadas por el narcotráfico; es mucho peor, son candidaturas de narcotraficantes.

 

Organismos electorales, ONPE y JNE, publicaron un comunicado hace un mes advirtiendo esto (http://bit.ly/U45RWM): “nos preocupan los riesgos de penetración del crimen organizado – narcotráfico, sicariato, extorsión- dentro del mencionado escenario político electoral y, con ello, el impacto en la vida de las personas, así como en las instituciones democráticas, en la libre elección de autoridades, así como en las condiciones para que las organizaciones políticas compitan por el voto ciudadano”.

 

Los partidos llamados nacionales han abandonado las regiones y provincias y allí, ante el repliegue, se han instaurado cacicazgos políticos que ahora también han sido tomados por narcotraficantes. No se requiere, en realidad, ser ningún especialista para saber donde están y quienes son; basta con ir a cada ciudad o pueblo y preguntarle a la gente.

 

El poder económico de la droga es inmenso y sólo se compara con el daño moral y social que puede provocar. La amenaza sobre la gente joven y honesta es inminente. Los espacios para hacer política se reducen, se oscurecen y se prostituyen. Si no paramos esto simplemente no hay futuro.

 

Los poderes del estado; ejecutivo, judicial y legislativo, tienen que denunciar esto y tomar acciones más decididas, como en el caso de Ancash. Lo peor que podemos hacer como sociedad es dar la espalda a una lacra que ahora pretende tomar directamente el poder político y convertir al Perú en un narcoestado.

 

Esta no es un batalla electoral sino una que deberíamos librar todos los peruanos del mismo lado identificando claramente al enemigo. Estamos notificados, estamos amenazados y debemos reaccionar. No hacerlo sería de una profunda irresponsabilidad.

 

Por: Alfonso Baella Herrera

Publicado por Expreso el 1.6.14

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