LAS FOTOPAPELETAS Y LA PROTESTA VIRTUAL

La injusta imposición de fotopapeletas a los automovilistas limeños ha puesto en evidencia una vez más la falta de sentido común de nuestras autoridades metropolitanas y la trascendencia de la protesta virtual a través de las redes sociales. Lo concreto es que debido a la indignación vecinal, impulsada desde una página en Facebook creada el 11 de setiembre, el ciudadano Antonio Casto ha logrado reunir más de 42 mil seguidores y ha conseguido, como suele ocurrir en las protestas populares auténticas, salir del ámbito virtual y colocar el tema en la agenda nacional.

 

El ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, fue el primero en advertir la avalancha virtual y desde su cuenta en Twitter dispuso la suspensión. Puestos en evidencia dieron marcha atrás, aunque de mala gana, el SAT y la MML. El Ministerio Público fue más allá: “la Sexta Fiscalía Provincial Penal de Lima abrió investigación y dispuso diligencias en el caso de falsas papeletas por los presuntos delitos de abuso de autoridad y falsedad genérica”.

 

Pero lo ocurrido evidencia una acción incorrecta cuya autoría intelectual recae sobre funcionarios municipales en complicidad con el Servicio Tributario de Lima (SAT) y en la que, lamentablemente, también está la Policía Nacional. María Jara, gerente de Transporte de la MML reveló, ayer vía RPP, que el 26% de lo recaudado en las fotopapeletas es para la PN gracias a un convenio firmado entre la MML y esa institución. Según el general Klever Vidal, director de la Policía de Tránsito, en lo que va del año se han impuesto 113,320 fotopapeletas frente a las 59,385 aplicadas en todo el 2012. ¿Qué hace la Policía metida en esto?¿No parece que tuviera un interés económico directo?¿Es ético?

 

El congresista Renzo Reggiardo, también vía RPP, señaló que ese convenio es ilegal y algunos especialistas señalan que hay mucho de inconstitucional en todo este embrollo.

 

Lo cierto es que hay varias razones más para la indignación. Por un lado está la absoluta informalidad de nuestras autoridades ediles tanto provinciales como distritales. Cada una hace con las señales de tránsito lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Ponen y sacan señales sin el menor estudio técnico. Por otro lado, el poco respeto al ciudadano y la inexistencia de una instancia arbitral que atienda con justicia un reclamo o una apelación. El SAT no puede ser juez y parte. Aquí hay una absoluta inequidad.

 

Finalmente hay un par de preguntas que deberían ser contestadas hoy mismo: ¿En qué se ha gastado, desde el 2011, el dinero obtenido por las fotopapeletas?¿Cuánto ha sido y cuánto ha ido a mejorar la señalización, prevenir y educar a los automovilistas? Nadie está de acuerdo en vivir en una ciudad sin controles pero no puede permitirse el abuso y menos que este provenga de la autoridad edil, administrativa o policial. Eso es inaceptable y en las redes sociales no se debe bajar la guardia ni un minuto.

 

Por: Alfonso Baella Herrera

Publicado en Expreso el 29.9.2013

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