Entre la complicidad y la complacencia

 

 

La idea del Congresista Yehude Simon, elegido por Alianza por el Gran Cambio, que “propone que las sesiones donde se tratan sanciones disciplinarias tengan el carácter de reservadas” contiene una candidez digna de mejor causa o el principio de un oscuro deseo de gobernar.

 

En su anteproyecto señala que no busca atentar contra el principio de publicidad, ni convertirse en una especie de mordaza o censura…” y que el debate público de estas sesiones “no contribuye en nada a mejorar la percepción que la población tiene de sus representantes” y que cuando se discutan sanciones a nuestros padres de la patria se debe “impedir que estas sesiones se conviertan en lamentables espectáculos para la ciudadanía”.

 

Varios congresistas de su propia bancada le han dado, con sensatez, la espalda. Alberto Benigolea, Humberto Lay, Luis Galarreta y Marisol Perez Tello,  han expresado rápidamente su disconformidad.

 

Yehude Simon pretende tapar el sol con un dedo. Quiere mejorar la imagen del Congreso impidiendo la publicidad de estos debates. Busca evitar que la opinión pública conozca cómo se resuelve una sanción, y quienes y bajo qué argumentos acusan o defienden a un congresista que actúa faltando a su reglamento y al juramento. Se equivoca.

 

El Congreso de la República es una institución, importante y emblemática dentro del sistema democrático; nadie, en democracia, puede desear que tenga una mala imagen.  No le hace bien al sistema ni al país su falta de brillo y los escándalos en que se ve envuelto a menudo. Pero esa imagen triste no es culpa de la prensa ni de las sesiones públicas, sino de quienes con su actitud irresponsable usan sus cargos para cometer atropellos o fechorías, las mismas que son conocidas y expuestas ante la opinión pública gracias a la prensa.

 

La ciudadanía tiene, lamentablemente, la percepción que los señores congresistas trabajan poco o nada, y que llegan para beneficio personal y no para servir representando al pueblo y a sus verdaderos intereses.  Esa percepción debe corregirse no ocultando sino exhibiendo, no reservando debates sino haciéndolos más públicos, no con leyes que impiden el acceso a la prensa sino con legislación enfocada en los enormes y urgentes problemas que tiene el país.

 

Los ciudadanos tenemos el derecho de saber todo sobre nuestros legisladores y conocerlos muy bien y en todos los debates. Para eso son figuras públicas que nos representan.  El acceso a la información sobre debates políticos no acarrea una mala imagen y su intento de recorte genera, por lo menos, suspicacia que sí abre sospechas sobre si detrás de este anteproyecto hay un deseo de gobernar en la oscuridad, la complicidad o la complacencia.

 

Alfonso Baella Herrera

 

Artículo publicado en el Diario Expreso de Lima, Perú, el 19.08.2011

 

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